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Luis Ochoa Terán | Diplomático de Carrera
Las recientes conversaciones entre Estados Unidos y Cuba deben observarse con escepticismo. Tanto Washington como La Habana presentan estas negociaciones como un avance diplomático; la realidad, sin embargo, es que están impulsadas más por intereses estratégicos y económicos que por la democracia, los derechos humanos o un cambio de régimen.
Los intereses de los Estados Unidos son multifacéticos y de naturaleza estratégica. En primer lugar, buscan asegurar su influencia política en el Caribe ante la presencia de China y Rusia en la región. Cuba, históricamente aliada de Moscú y estrechamente vinculada a Caracas, ocupa una posición geopolítica clave que Washington procura controlar mediante la diplomacia, la presión económica y los contactos discretos. En segundo lugar, existe un interés económico inmediato: los sectores energético y económico cubanos revisten un valor inmenso para las empresas estadounidenses, particularmente en áreas como el turismo, las energías renovables y las telecomunicaciones, donde los acuerdos bilaterales podrían abrir mercados lucrativos para las firmas privadas, sin exigir una reforma de las estructuras políticas. Por último, el componente migratorio también desempeña un papel: facilitar el movimiento de personas y capitales permite a Washington exhibir éxitos simbólicos, sin tener que comprometerse con cambios estructurales en la isla. Mientras tanto, el régimen cubano convierte la crisis en una herramienta de negociación.
El Grupo de Administración Empresarial S.A. (Gaesa) es el mayor conglomerado empresarial de Cuba, controlado directamente por las Fuerzas Armadas Revolucionarias (FAR). Opera bajo un opaco modelo de negocios, gestionando sectores clave como turismo (hoteles), banca, tiendas en divisas y servicios financieros, concentrando una parte sustancial de las divisas que ingresan al país. Aparte, las Fuerzas Armadas controlan la economía y cualquier apertura debe garantizar que su poder no se vea amenazado.
Cualquier intención de apertura es cuidadosamente calculada por los cubanos para evitar ceder poder, por eso, los gestos hacia Washington, son bienvenidos, siempre que se dirijan al diálogo sobre energía, comercio o migración, que buscan obtener alivio económico y legitimidad internacional, mas no democratización. Los cubanos lo saben: las conversaciones son más un acto de supervivencia que un compromiso por derechos políticos o elecciones libres, aunque los americanos lo intenten presentar como tal.
Desde una perspectiva histórica, este patrón no es nada nuevo. El diálogo con los exiliados en 1978 facilitó la emisión de permisos de viaje, así como la liberación limitada de prisioneros; sin embargo, no alteró las estructuras de poder. Entre 2014 y 2017, el deshielo bajo la administración de Obama facilitó los viajes y las remesas, condujo a la reapertura de embajadas y ofreció la perspectiva de una normalización económica; no obstante, el planteamiento de una democracia genuina nunca estuvo sobre la mesa.
Hoy en día, la cooperación con Estados Unidos parece estar repitiendo este mismo ciclo: gestos simbólicos, acuerdos técnicos y promesas de cooperación; todo ello sin tocar el núcleo del control del poder político. Esta situación persiste, independientemente de las declaraciones que Trump realiza dirigida a su base política como: “es un honor de tomar a Cuba” o en las que insistió en que Díaz-Canel debía dimitir, al tiempo que, admite la posibilidad de continuidad administrativa y política del régimen, de un modo muy similar al caso de Venezuela.
La realidad es que las fuerzas armadas cubanas siguen constituyendo el eje central del poder. Mientras Gaesa controle los sectores estratégicos, cualquier apertura política será de carácter puramente cosmético. Si bien Estados Unidos podría asegurar ventajas económicas y geopolíticas, acceso al mercado cubano, control sobre la infraestructura energética y presencia regional, le es cuesta arriba imponer reformas políticas. En este contexto, la retórica oficial estadounidense en torno a la “presión para la democratización” funciona más como una herramienta de propaganda que como un mecanismo efectivo de cambio; por lo menos, es lo que se percibe.
Las conversaciones entre Estados Unidos y Cuba representan, ciertamente, un hito significativo. Pero una genuina apertura política dependerá del desarrollo interno de la isla, de la postura de las Fuerzas Armadas, de la manera en que se conduzcan las negociaciones, particularmente en lo que respecta al énfasis que se ponga en los temas políticos y, naturalmente, del grado en que se permita el activismo político por parte de los círculos de la oposición, el cual cambiaría la perspectiva política cubana. Por el momento, el futuro democrático de Cuba sigue siendo incierto, condicionado por la crisis interna, la presión externa y, sobre todo, por el poder militar que controla gran parte de la economía y la política.
La cruda realidad es que, las conversaciones actuales no sirven ni como puente hacia unas elecciones libres o reformas profundas, ni como vía para un cambio de régimen y menos para vislumbrar una Cuba libre y democrática a mediano plazo; más bien, constituyen negociaciones en torno a la supervivencia del régimen cubano y, simultáneamente, una oportunidad estratégica para Estados Unidos para que Trump y Rubio lo puedan presentar a sus electores como un gran triunfo.
Mientras ambas partes sigan generando titulares y pronunciando discursos sobre “diálogo, liberalización y progreso”, el statu quo cubano persistirá, recayendo las consecuencias sobre la población. Una acción a la venezolana no se vislumbra y una auténtica apertura política dependerá de fracturas internas y de la presión social y no de comunicados diplomáticos o gestos calculados que, por el momento, no desempeñan ningún papel en la ecuación política estadounidense, pero sí, para fin de año cuando se produzcan las elecciones de mitad de mandato (midterm).
