Luis Manuel Marcano / Diplomático de Carrera

La discusión sobre la normalización económica de Venezuela ha sido planteada, con demasiada frecuencia, como si se tratara de un problema técnico resoluble mediante ajustes puntuales -levantar sanciones, flexibilizar controles, permitir ciertos flujos de capital-, cuando en realidad lo que enfrenta el país es una crisis de naturaleza estructural, cuyo origen se encuentra en la ruptura del orden democrático y en la captura del Estado por un poder que no reconoce límites ni controles. En ese contexto, cualquier intento de recuperación económica que no parta de la restitución de la legitimidad política está condenado a ser parcial, frágil y reversible, porque la economía no se sostiene únicamente sobre recursos, sino sobre confianza, reglas claras y previsibilidad institucional.

El levantamiento de las sanciones, por tanto, no puede entenderse como una solución autónoma ni como un punto de partida suficiente para la normalización. Las sanciones son consecuencia de una situación política atroz, no su causa. Pretender invertir esa lógica equivale a construir una salida sobre una premisa equivocada. Sin transformación política, cualquier apertura económica será utilizada como mecanismo de supervivencia del sistema, no como instrumento de cambio. Se flexibiliza para resistir, no para transformar, y en ese movimiento se produce una ilusión peligrosa: la de creer que se avanza hacia la normalidad, cuando en realidad se consolida una forma más sofisticada de control. 

Esto coincide con la estrategia que ha sido planteada con claridad por María Corina Machado: no hay negociación económica posible sin restitución previa de la soberanía popular. La ruta no es gradualismo sin garantías, ni concesiones que perpetúan el poder existente, sino presión interna y externa coordinada, acompañada de una exigencia inequívoca de reconocimiento de la voluntad expresada el 28 de julio. En esa lógica, la normalización económica no es el inicio del proceso, sino su consecuencia. Primero debe restituirse la legitimidad; luego podrá hablarse de reconstrucción.

Los resultados del 28 de julio constituyen, en este sentido, un punto de inflexión que no admite reinterpretaciones. Allí se expresó una mayoría política clara que reclama un cambio inmediato. La estrategia planteada ha sido insistente: convertir ese mandato en un hecho político irreversible, evitando que sea diluido en negociaciones indefinidas o en tiempos muertos que solo favorecen a quienes buscan mantenerse en el poder. El riesgo, como bien se ha advertido, es que el régimen prolongue su permanencia, apostando al desgaste internacional, esperando un debilitamiento de la presión externa -particularmente de Estados Unidos- para reconfigurar su posición.

Por eso, la urgencia no es un recurso retórico, sino una variable estratégica. El tiempo juega en contra de la transición. Cada período adicional fortalece las estructuras de poder existentes, permite su reorganización y reduce el margen de acción de la alternativa democrática. En consecuencia, la estrategia no puede ser la espera, sino la aceleración de condiciones que obliguen a una definición: transferencia del poder o incremento del aislamiento.

En este punto, considero imprescindible reiterar lo que he desarrollado en mi libro Venezuela 2026: La transición que necesitamos: Venezuela no está en transición y asumir lo contrario debilita la capacidad de actuar. La transición no es una expectativa, sino un hecho verificable que implica sustitución del poder, restitución institucional y elecciones libres. Mientras esos elementos no se produzcan, cualquier narrativa de transición será incompleta. El libro, disponible en Amazon, desarrolla esta tesis y advierte que, sin una ruptura clara del orden actual, la normalización económica será siempre aparente. 

La hoja de ruta se alinea con lo que ha planteado la conducción política democrática: legitimación del mandato del 28 de julio, articulación internacional y exigencia de elecciones libres este mismo año. No se trata de administrar el conflicto, sino de resolverlo, y para medir esa necesidad, tenemos a un pueblo completo en hambruna, mientras aún los usurpadores viven con sus arcas personales llenas, dentro y fuera del país. 

Los venezolanos, en este escenario, no solo aspiramos que se mejoren nuestras condiciones económicas; tenemos el derecho de elegir. Merecemos un gobierno que surja de elecciones libres, verificables y respetadas, y al que podamos exigir transparencia y respeto de las condiciones de mérito y trabajo que cada ciudadano tenga para contribuir al desarrollo del país, y no de imposiciones ni de arreglos parciales, arreglos de silencios e impunidad y cálculos de intereses grupales que dejen a un lado el hambre del pueblo. La base de toda reconstrucción auténtica no puede ser otra que la dignidad de las personas y el desarrollo integral de la sociedad en su conjunto. No se trata únicamente de estabilizar indicadores económicos ni de reactivar sectores productivos, sino de restituir condiciones de vida compatibles con la dignidad humana, de reconstruir el tejido social y de devolver a cada ciudadano la posibilidad real de proyectar su existencia con autonomía y esperanza. Todo lo demás -cualquier intento de reconstrucción que no coloque a la persona en el centro-, no solo será insuficiente, sino moralmente cuestionable.

La imagen, ya demasiado habitual, de personas buscando entre desechos para alimentarse, mientras una élite política se refugia en espacios de privilegio, consumiendo y celebrando al margen del sufrimiento colectivo, no es solo una expresión de desigualdad: es la evidencia de una fractura ética profunda. Es una escena que remite, inevitablemente, a las páginas más sombrías de Víctor Hugo, donde la miseria y el exceso convivían como signos de una sociedad descompuesta. Esa coexistencia, en el caso venezolano, no puede ser normalizada ni relativizada; constituye, en sí misma, un argumento suficiente para exigir un cambio inmediato.

Por ello, la reconstrucción no puede comenzar por la economía, sino por la restitución de la dignidad. Solo desde allí será posible hablar de desarrollo, de estabilidad y de futuro. Sin ese punto de partida, cualquier avance será superficial, cualquier mejora será transitoria y cualquier proyecto estará condenado a reproducir, bajo nuevas formas, las mismas desigualdades que hoy resultan intolerables. De tal manera que, no hay normalización sin legitimidad, no hay mejora de la calidad de vida, sin transición real y no hay transición sin elecciones libres. El proceso debe ser inmediato, sin dilaciones que solo benefician al poder existente. El momento es ahora: legitimación del 28 de julio y que de inmediato se convoque a las primeras elecciones libres del siglo XXI, porque lo que está en juego no es solo la economía, sino la posibilidad de que Venezuela vuelva a ser un país donde todos podamos elegir y exigir transparencia.