En los anales del derecho internacional, la Corte Penal Internacional (CPI) fue concebida como la esperanza última de la humanidad frente a los crímenes que ofenden la conciencia colectiva del mundo. Nacida en 1998 con el Estatuto de Roma, su propósito era noble: juzgar a los responsables de genocidios, crímenes de guerra, crímenes de lesa humanidad y el crimen de agresión. Sin embargo, como suele ocurrir cuando la justicia se institucionaliza y navega las aguas traicioneras de la política internacional, las aspiraciones originales de pureza se ven manchadas por la realidad de los intereses cruzados, las conveniencias geopolíticas y las lentitudes burocráticas que más parecen propias de una novela kafkiana que de un tribunal de justicia que proclama su universalidad moral. La CPI, en su juventud, despertó un entusiasmo casi mesiánico. Parecía la encarnación del juicio final en tiempos de globalización, una suerte de tribunal sin rostro, pero con la firmeza de la ley natural y la severidad del derecho romano. No obstante, los años han pasado, y el fulgor inicial ha cedido paso a una sombra creciente de escepticismo. Entre sus tres fiscales, desde el polémico Luis Moreno Ocampo, la controversial Fatou Bensouda y el actual fiscal Karim Khan, las decisiones tomadas —y más aún, las no tomadas— han creado grietas profundas en la percepción pública sobre la imparcialidad y eficacia de esta institución.

Luis Moreno Ocampo, el argentino con fama de audaz, fue el primer fiscal de la Corte. Su figura mediática y su estilo confrontacional marcaron los inicios de la institución. Fue bajo su mandato que se emprendieron investigaciones que pusieron en la mira a figuras prominentes del continente africano, como el presidente sudanés Omar al-Bashir, convirtiéndose en el primer jefe de Estado en ejercicio acusado por la CPI. La decisión fue celebrada en ciertos círculos, pero también despertó severas críticas: ¿era la CPI un instrumento de justicia o una herramienta occidental para disciplinar a los líderes del Sur Global? Ocampo, con toda su vehemencia, fue acusado de selectividad y de falta de rigor procesal, lo que arrojó una primera sombra sobre la naciente institución. Además, frente a las denuncias contra Hugo Chávez, no movió un dedo, pese a que existían indicios serios de responsabilidad penal, lo que alimentó aún más las sospechas de parcialidad y doble estándar en su gestión.

Le siguió Fatou Bensouda, una jurista gambiana que intentó navegar con cautela entre las tormentas dejadas por su antecesor. Su enfoque más técnico, menos mediático, pretendía devolverle algo de sobriedad al ejercicio de la fiscalía. Durante su mandato, se abrieron investigaciones importantes, incluyendo las situaciones en Afganistán, Palestina y Venezuela. Pero su legado también es ambivalente. Bensouda fue criticada por haber demorado demasiado en avanzar en procesos contra actores poderosos, especialmente cuando se trataba de países influyentes o aliados de potencias del Consejo de Seguridad. Venezuela, bajo la férrea dictadura de Nicolás Maduro, se convirtió en un caso emblemático. Pese a los informes de Naciones Unidas, de ONGs y testimonios de miles de víctimas, la fiscalía avanzó con pies de plomo. Cada paso parecía calculado para no incomodar demasiado a los actores que aún sostienen al régimen chavista. La justicia internacional, en este caso, no fue ciega: fue tímida.

Y así llegamos a Karim Khan, el actual fiscal británico que ha heredado un escenario complejo, minado por años de cuestionamientos, esperanzas frustradas y un entorno geopolítico convulso. Khan llegó con el aura de renovador, pero pronto quedó envuelto en nuevas polémicas. Si bien ha mostrado determinación en ciertos casos —como en su reciente solicitud de órdenes de arresto contra altos funcionarios israelíes en el contexto de la guerra en Gaza—, su aparente celeridad contrasta de forma escandalosa con la parsimonia mostrada en la investigación sobre Venezuela. ¿Cómo explicar que mientras el régimen de Maduro ha sistemáticamente reprimido, torturado y asesinado a opositores, mientras ha destruido toda institucionalidad democrática y ha sumido a su pueblo en una de las crisis humanitarias más severas del hemisferio occidental, la CPI aún no ha emitido órdenes de arresto ni ha imputado a ningún alto funcionario del régimen?

Aquí es donde la imparcialidad de la Corte se pone en tela de juicio. La justicia, para ser tal, debe no sólo ser imparcial, sino también parecerlo. La percepción de que hay una vara distinta para unos y para otros es letal para cualquier tribunal. Si se acusa al primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, por crímenes de guerra —lo que puede tener fundamento jurídico en el contexto de la operación militar en Gaza—, entonces resulta inexplicable la demora con la que se ha actuado en el caso venezolano, donde hay evidencia abundante, pública y documentada de crímenes sistemáticos contra la población civil. La sospecha de que existen consideraciones políticas, de conveniencia diplomática o incluso de presiones económicas tras la balanza de la fiscalía es un veneno que corroe el alma de la justicia.

Karim Khan, además, ha sido objeto de acusaciones por parcialidad y falta de transparencia. Algunos sectores lo señalan de actuar con doble estándar, de haber acelerado ciertas investigaciones mientras congela otras sin justificación clara. La cuestión de Palestina e Israel ha sido una de las más polémicas, donde su actuación ha sido vista por unos como valiente y por otros como sesgada. Pero más allá de la opinión que se tenga sobre el conflicto en Medio Oriente, lo que preocupa es la aparente inconsistencia en los criterios aplicados. ¿Por qué la Corte, que nació para ser el tribunal de la humanidad, actúa con distinta rapidez y contundencia dependiendo del actor involucrado?

Venezuela es, sin duda, el caso más doloroso para América Latina. Bajo la excusa del antiimperialismo, el régimen de Maduro ha construido un aparato represivo que se sostiene sobre el miedo, la miseria y el silenciamiento sistemático de toda disidencia. Miles de exiliados, presos políticos, desapariciones forzadas, torturas documentadas… y, sin embargo, la CPI no ha emitido ni una sola orden de arresto. La dictadura ha aprendido a burlar los mecanismos internacionales. Coopera lo justo para parecer colaborativa, presenta recursos legales para dilatar los procesos, y explota las grietas del sistema para ganar tiempo. Mientras tanto, las víctimas esperan, desesperan, mueren. La impunidad, cuando es legitimada por los tribunales internacionales, se convierte en una forma de complicidad.

El descrédito que se cierne sobre la Corte Penal Internacional no es menor. A medida que pasan los años, crece la percepción de que la CPI es eficaz sólo cuando los acusados son africanos, débiles o aislados. Pero cuando se trata de regímenes con aliados poderosos o con relevancia estratégica, la balanza se inclina hacia la prudencia, la demora o el silencio. Esto ha minado la confianza en el sistema internacional de justicia, y ha fortalecido el cinismo de los tiranos. La idea de que pueden cometer crímenes sin consecuencias reales porque el mundo está demasiado dividido para juzgarlos con imparcialidad se ha instalado con fuerza.

El peligro más profundo es que este deterioro de credibilidad no afecta sólo a la CPI, sino al conjunto del derecho internacional. Si la justicia no puede ser aplicada a todos por igual, entonces no es justicia: es una pantomima, una ficción diplomática, una moralina para consumo de las élites ilustradas que fingen actuar en nombre de los pueblos oprimidos mientras negocian con sus verdugos. La historia juzgará, sin duda, a los tiranos. Pero también juzgará a las instituciones que, pudiendo hacer justicia, eligieron callar. El silencio de la CPI frente al drama venezolano es un grito que retumba en los corredores de la historia. Un grito de cobardía, de cálculo, de traición al mandato que sus fundadores imaginaron. La Corte Penal Internacional aún está a tiempo de corregir el rumbo. Pero cada día que pasa sin justicia para las víctimas es una herida más en el cuerpo ya maltrecho del derecho internacional. Porque la justicia tardía, como dijera el sabio, no es justicia. Es solo otra forma de olvido. Hoy, mientras escribo estas líneas ha muerto otro preso político: Lindomar Jesús Amaro. ¡cuántos más deberán morir para que se active una fiscalía que ha caído en la sospecha de la opinión pública por los supuestos nexos del Fiscal con la abogado de Nicolás Maduro?

La historia es larga, y el alma de los pueblos, tenaz. Los crímenes no prescriben. Las memorias no se borran. Algún día, quizás, los tribunales del mundo recordarán su promesa. Y entonces, los opresores temblarán. Pero hasta que ese día llegue, queda el deber de no callar. De señalar la injusticia, de exigir coherencia, de escribir desde cualquier tribuna, de encender la lámpara del juicio incluso en medio de la noche más oscura. Porque la justicia, cuando se olvida de las víctimas, se convierte en otra forma de tiranía. Y porque en la memoria de los pueblos, el juicio no espera a La Haya. Comienza hoy, en cada palabra que no se rinde, en cada conciencia que no olvida.